¿Debería cerrarse el CONICET?
- ElLibertario Blog
- 24 ago 2023
- 20 Min. de lectura
Actualizado: 3 sept 2023
Una evaluación de las publicaciones del CONICET y una reflexión general sobre las inversiones en investigación y desarrollo ¿Deberían ser de origen público o privado?
24 Ago. 2023
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es un ente autárquico que pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se encarga de promover y llevar a cabo actividades científicas y tecnológicas a lo largo de todo el país desde el año 1958, y es el principal organismo dedicado a la Ciencia y Tecnología en la Argentina.
Según los datos oficiales, en el 2022 contaba con más de 11.800 investigadores, 3179 proyectos vigentes, 325 institutos de investigación en todo el país y 137 proyectos de cooperación internacional, acumulando un total de más de 28 mil personas -entre investigadores, becarios, personal administrativo e individuos- que reciben de manera directa e indirecta sueldos del CONICET. Su presupuesto anual es de 80.073.159.702 de pesos, o poco más 111 millones de dólares a la cotización del día de la fecha ($720).
Hasta ahora solo hemos desarrollado una breve introducción, mostrando datos crudos de manera objetiva sobre el Consejo, sin emitir juicios de valor. A continuación, nos proponemos evaluar la calidad de las investigaciones y proyectos estudiados y responder de una vez a la pregunta ¿debería cerrarse el organismo?
Recientemente, se dieron a conocer los resultados de un ranking publicado por el grupo de investigación SCImago, que evalúa el nivel de las principales instituciones académicas, científicas y gubernamentales de todo el mundo.
El estudio ubica al CONICET en el puesto 141 entre más de 8.000 casos evaluados. Además, dentro de la categoría de organismos gubernamentales, el Consejo quedó en el puesto 17 entre 1.745 organismos, posicionándose a su vez como la mejor institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica.
Sorprendente, ¿no? Con estos datos en la mano, cualquiera diría que el CONICET es una excelente institución, con científicos e investigadores de primer nivel, cuyos estándares son tan altos como los de las principales instituciones científicas internacionales, superando incluso a nuestros vecinos latinoamericanos.
Sin embargo, a pesar de los sorprendentes datos mencionados, ¿su existencia está justificada? Nos adelantaremos a la conclusión final y diremos que la respuesta es no. Pero antes de que deje de leer el artículo pensando que esta idea es totalmente descabellada, déjenos presentarles brevemente algunos argumentos y respuestas a las cuestiones que probablemente, y con toda justificación y sentido, se esté cuestionando.
Eventualmente esté pensando: las empresas privadas no se involucrarán en inversiones costosas y de alto riesgo, solo el Estado puede afrontar esos costos; las empresas privadas no están interesadas en compartir y divulgar los resultados, solo el Estado puede garantizar que estos sean difundidos y aprovechados por la sociedad; es más, la sociedad en general se beneficia de los avances y descubrimientos sin pagar los costos de investigación (externalidad positiva), lo que genera un desincentivo de los empresarios a invertir ya que los consumidores disfrutan de los beneficios sin pagar tarifas. En lo que resta del artículo, trataremos de responder a todas estas hipótesis de la manera más completa posible para que se reduzcan al máximo las dudas. Pero primero, desarrollaremos algunos postulados sobre los inconvenientes que representa la alta participación del gobierno en cuestiones de investigación y desarrollo.
1) LOS PROBLEMAS DEL ESTADO
El gran problema de toda iniciativa estatal se puede poner en evidencia con las siguientes preguntas:
- ¿Cómo comprobar si las inversiones y proyectos son útiles para la sociedad?
- ¿Cómo comprobar si los recursos se están asignando eficientemente, es decir, si no hay derroche?
El gran problema del estado es que no tiene forma de ajustarse a la necesidad de los consumidores, ya que no gana dinero por satisfacer clientes. Es decir, no ve reflejado en ganancias económicas sus acciones, por lo tanto, no tiene parámetro para medir la utilidad social de lo que produce. Si una empresa estatal no es beneficiosa para el público, los funcionarios no reciben pérdidas económicas, ya que los contribuyentes son los que “pagan la cuenta” mediante impuestos.
La empresa privada, no puede forzar a los individuos a pagar por sus investigaciones, el consumidor paga por los servicios que ofrece el mercado solo si representan un beneficio para ellos, es decir, si los productos son lo suficientemente buenos al punto de que los clientes están voluntariamente dispuestos a resignar a una parte de sus ingresos por el bien ofrecido. En cambio, el gobierno, mediante el monopolio del uso de la violencia, a través del cobro de impuestos, puede forzar a los individuos a financiar sus proyectos, sean estos útiles o no para la sociedad. De este modo, no hay incentivos económicos para evitar el derroche o mal uso de recursos. Repetimos, el gobierno no puede medir con exactitud el éxito de sus inversiones, y no tiene incentivos reales para minimizar los costos y desarrollar investigaciones eficientes.
Cabe aclarar que, mediante un mercado completamente privado, la cantidad y el tipo de proyectos e investigaciones se realizan de manera exacta en la medida en que el conjunto de los consumidores, a través del uso libre y voluntario de su dinero, así lo desean.
1.1) La calidad de investigaciones del CONICET
¿Produce el CONICET proyectos de investigación de calidad, que pueden ser útiles tanto para las empresas como el bienestar general de la sociedad? Para responder a este interrogante, veamos algunos proyectos plurianuales aprobados este último año.
“Identificación y validación preclínica de estrategias inmunopotenciadoras en cáncer colorrectal y pancreático”
“Bacterias ambientales y producción de nuevas biomoléculas de interés biotecnológico con aplicación en salud humana y ambiental”
“Diseño de inóculos consorciales bacterianos que promuevan el crecimiento, nutrición y la sanidad vegetal”
Descubrimientos para combatir el cáncer, producción de biomoléculas para la salud humana y ambiental y métodos para el sano crecimiento vegetal. ¿Son investigaciones de calidad? Probablemente si, o quizás no, pero no pretendemos realizar ahora este análisis. Supongamos, solo juzgando por su título, que estos proyectos son realmente productivos. Ahora veamos otos ejemplos:
“El impacto de la producción agropecuaria en las poblaciones de aves en peligro de extinción de los pastizales del nordeste argentino”
“Patrones y procesos en las respuestas de aves y mamíferos a las forestaciones de pinos en la estepa patagónica del sur de Neuquén”
“Estrategias reproductivas de gasterópodos. Defensas bioquímicas de los huevos de Pomacea”
¿Son igual de útiles que los tres primeros? Quizás sí, o quizás no, pero nuevamente, ¡nunca lo sabremos! y ese es el gran problema de las investigaciones financiadas por el gobierno; no interesa si son factibles y productivas, ya que no lo ven reflejados en ganancias económicas, simplemente son aprobadas y financiadas.
Probablemente los proyectos sean evaluados por un comité de expertos antes de ser aprobados para investigar, pero ¿Cómo saben estos expertos la utilidad real de cada proyecto? Puede que inicialmente el proyecto sea muy prometedor, pero a final de cuentas sea demasiado ambicioso, y los resultados queden inconclusos, o puede que la investigación esté mal encaminada. La cuestión central es ¿quién pierde dinero si el proyecto sale mal o no es fructífero? El CONICET no, el gobierno tampoco, ni siquiera los científicos. Todos ellos reciben su paga de todas formas ya que esta es obtenida de manera forzosa a través del cobro de impuestos. Ya veremos en la próxima sección cómo la empresa privada impide, por los mecanismos de mercado, el derroche de recursos y la ineficiencia investigativa. Pero esto no es todo, veamos otros proyectos:
“Políticas culturales y politización de la cultura. Disputas y legitimaciones en las prácticas artísticas de la Ciudad de Buenos Aires.”
“Hacia la reconstrucción de tres núcleos centrales de la sociología latinoamericana del cambio social: sociedad mundial, capitalismos periféricos y Estados dependientes.”
Estos proyectos son claramente más polémicos al tratarse de ciencias sociales. Pero el problema del CONICET y toda empresa estatal de investigación no es la materia sobre la cual investiga, sino el riesgo que corre de politización. Al ser el Estado quien financia los proyectos, es altamente probable que la postura política e ideológica estén presentes.
Si aún cree que los títulos anteriores son de incuestionable utilidad para la sociedad, miremos estos últimos ejemplos, esta vez artículos, para que se reduzcan las dudas:
Dejaremos que usted lo interprete por sí mismo, solo nos limitaremos a plantear lo siguiente: Si tuvieras la posibilidad de elegir, por sí o por no, ¿estarías dispuesto a renunciar una pequeña porción de tus ingresos para financiar artículos de investigación como éstos? Si tu respuesta es positiva, ¿Por qué los demás que no estarían de acuerdo deben forzosamente aportar igualmente? Y aún así, ¿No sería más eficiente que se done a una fundación privada que busca maximizar su propia utilidad?. Pese a ello, como el Estado puede disponer coactivamente de nuestros ingresos, ningún argentino tiene realmente la posibilidad de elegir.
1.2) ¿Más gasto estatal equivale a más innovación y desarrollo?
Se ha dicho en reiteradas ocasiones que mientras más gasta el gobierno en investigación y desarrollo, mejor resultado tendrá el país en esa materia. Esta afirmación probablemente sea cierta, pero ello de ninguna manera justifica que el gobierno grave a sus ciudadanos para tal motivo. Veamos por qué.
Si fuese cierto que mientras más se gasta en innovación y desarrollo mejores serán los resultados, la pregunta es, ¿en qué medida?.
Es decir, ¿la correlación entre más gasto y mejores resultados es más bien exacta? Por ejemplo, se puede invertir un cincuenta por ciento más en ciencia y tecnología, pero ello no garantiza que los resultados mejoren en un cincuenta porciento. Para que ello ocurra, las inversiones deben estar bien encaminadas y los recursos ser eficientemente utilizados, y hay buenas razones para creer que el sector privado es dos veces más eficiente que el sector público.
“Tal vez la mejor manera de aproximar la culpabilidad del gobierno en este sentido sea utilizar la regla del “dos a uno”. Es decir, que hay una gran cantidad de pruebas que demuestran que la empresa privada es dos veces más eficiente que su homóloga estatista en la prestación de servicios como la recogida de basuras, la protección de servicios contra incendios, la entrega postal, etc. Por ejemplo, la sanidad privada podría retirar dos veces más basura por cada dólar gastado que su homólogo público" (Walter Block, Privatización de carreteras y autopistas” Innisfree: 347)
1.3) Si los países avanzados gastan más, ¿por qué la Argentina no lo hace?
El gobierno invierte un 0,34% del PBI en ciencia y tecnología. Esta cifra es muy baja comparado con los países más desarrollados, donde la inversión gubernamental es ampliamente superior. Una rápida conclusión podría ser: Argentina, para alcanzar el nivel de desarrollo y avance en ciencia de estos países debe aumentar el gasto en al menos un 1% del PBI. El planteamiento puede parecer lógico y totalmente respetable, sin embargo, cuenta con algunos inconvenientes. Veamos.
En primer lugar, Argentina es un país de bajos ingresos, con un 40% de personas que viven por debajo de la línea de pobreza y un 60% de los niños bajo dicha condición. Esto quiere decir que el esfuerzo que hacen los argentinos para pagar ese 0,34% del PBI son muchos mayores que el que realizan los habitantes de los países más desarrollados. Tenga en cuenta la siguiente estadística: el total invertido por el gobierno en el sector de ciencia y tecnología es de más de 500 mil millones de pesos al año. Si dividimos esta cifra por la cantidad de habitantes (46.044.703) nos da un total de más de 10 mil pesos por habitante, o 15 USD. Esto quiere decir que cada argentino en promedio debe pagar más de 10 mil pesos al año para financiar estos gastos.
Teniendo en cuenta los niveles de pobreza y el bajo nivel de ingresos del país, el esfuerzo que hacen los ciudadanos es inmenso. Imagine una familia pobre de 4 integrantes, tendría que pagar más de 40 mil pesos al año. (cabe destacar que no todos pagan esa cantidad, probablemente los más ricos deban pagar un porcentaje más alto y los pobres una cantidad menor. Pero el promedio nos da una idea aproximada del esfuerzo que representa costear ese porcentaje). Por si no fuera poco, el presidente Alberto Fernández sancionó que planea que las inversiones en este sector alcancen el 1% del PBI en 2032 para acercarse al porcentaje de los países más poderosos. Suena increíble ¿no? Hagamos números al respecto; de cumplirse esta medida, cada argentino debería pagar 105 USD al año, es decir, al día de hoy ¡76 mil pesos! Imagine lo que significaría esa suma para una familia debajo de la línea de pobreza. Quizás no sea muy significativa para los ciudadanos de los países más avanzados, pero para un argentino sin duda es un sacrificio inmensurable.
En síntesis, mientras que los países desarrollados gastan un mayor porcentaje de su PBI en investigación y desarrollo –es decir, tienen mayor presión fiscal- los países de bajos ingresos como la Argentina realizan un mayor esfuerzo fiscal, que es un concepto totalmente diferente (nota el pie concepto de esfuerzo fiscal).
Sin embargo, aún hay muchos que creen que el Estado, por el bien común obviamente, debe forzar a los ciudadanos a pagar por investigación y desarrollo. Se dice que los resultados compensarán los costos y resultará un beneficio a largo plazo para todos. El problema de esta afirmación es que se trata de una creencia basada en un grupo pequeño de personas, que no conocen nuestras necesidades, preferencias y prioridades. Quizás algunos están dispuestos a pagar esa suma de dinero para financiar los proyectos de investigación, quizás otros no, pero el gobierno de todas formas fuerza a todos por igual a pagar esa suma. Quizás, algunos ciudadanos deseen financiar los proyectos, pero con casi toda probabilidad, una familia por debajo de la línea de pobreza, no está dispuesta a pagar “x” cantidad de dinero para que se investiguen cuestiones como las mencionadas anteriormente, o prefiera alimentar a su familia antes que descubrir los secretos de la clonación. La prioridad de esa familia probablemente sea tener suficiente comida, ropa, abrigo y contar con los servicios básicos (luz, agua y gas). A lo mejor, para otros la prioridad sea gastar todo su dinero en atuendos extravagantes, artículos caros y autos de lujo en lugar de investigaciones, y cada uno es libre de elegir donde vertir su dinero; pero el estado fuerza a todos por igual a pagar independientemente de sus necesidades y preferencias. El gran problema es que el gobierno no puede conocer las preferencias exactas de cada uno y forzarlo a pagar tributos en función de ello, y en un país donde el 40% de los habitantes son pobres, probablemente las preferencias conjuntas no sean investigar, de manera coactiva, en ciencia y tecnología.
Tomemos el ejemplo de Cuba, la ex Unión Soviética o Corea del Norte. Todos estos países han tenido notables avances en investigaciones, ciencia y tecnología, con científicos brillantes y prestigiosos que compiten a la par de los norteamericanos, suizos y alemanes, con alta tecnología en armamento militar o deslumbrantes avances en materia espacial. Sin embargo, ninguno fue capaz de alimentar a sus poblaciones ni mucho menos igualar la riqueza y el nivel de vida de los principales países de occidente; por el contrario, han sumergido a millones a la pobreza, la marginalidad y la hambruna.
1.4) Sobre la afirmación: “Mientras más gasta el estado, más gastan los privados”.
Se dice comúnmente que el sector privado no invierte por sí solo, que es necesario un acompañamiento, dirección e iniciativa del Estado para que las empresas puedan invertir en investigación y desarrollo. Para responder a este argumento nos ahorraremos algunas palabras y mostraremos el siguiente gráfico:
En los Estados Unidos, la Unión Europea y la OCDE las empresas privadas financian más del 60% de las investigaciones, mientras que en China más del 80%. Por el contrario, en la región, el aporte de las empresas es de aproximadamente un 35%, mientras que el estado financia un 60%.
De ello, podemos interpretar que
mientras más grande es el peso del Estado en una industria, menor es la participación de la empresa privada en ella. Por lo tanto, en lugar de incentivar la inversión de las empresas particulares, el crecimiento del sector público la desalienta.
Esto lo veremos a detalle más adelante.
2) ¿CÓMO FUNCIONARÍA UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN PURAMENTE PRIVADO?
A diferencia de lo dicho anteriormente, en un sistema donde el sector privado financie las investigaciones e invierta en ciencia y tecnología, ninguno de esos problemas tendría lugar.
En primer término, nadie sería forzado a pagar una suma de dinero a la que no está dispuesto a renunciar en proyectos de investigación. Las empresas elegirían de manera exacta qué cantidad desean gastar, a qué científicos financiar, o a qué laboratorios contratar. Científicos y laboratorios competirían en el mercado para ser contratados, y se verían condicionados a investigar aquellas cuestiones que sean más útiles para las empresas y, por ende, para los consumidores.
Pongamos en términos más simples cómo funciona dicho proceso para aquellos que no están tan familiarizados con la mecánica de los mercados:
1) Las empresas para ser exitosas y obtener ganancias deben ofrecer bienes y servicios de la mejor calidad y al menor precio posible. Esto es así porque los consumidores eligen voluntariamente en qué gastar su dinero.
2) En el afán de lanzar al mercado productos de calidad y destacarse frente a sus competidores, las empresas notarán que pueden obtener grandes beneficios invirtiendo en investigaciones de ciencia y tecnología (por ejemplo, shampoo para la caspa, artefactos ortopédicos, medicamentos, materiales más rentables de fabricación, tecnología agrícola, o cualquier producto demandado). ¡Esto proporciona enormes ventajas frente a la competencia!
3) Para ello, las empresas buscarán a los científicos o laboratorios más calificados, con experiencia, antecedentes de éxito y a precio de mercado para que lleven a cabo estas tareas. No querrán gastar dinero de más en investigaciones intrascendentes, contratar a científicos poco efectivos ni derrochar en recursos innecesarios. El incentivo será financiar investigaciones de calidad, con científicos competentes y a un costo relativamente accesible. De lo contrario, no lanzarán buenos productos al mercado, o estos serán caros para el consumidor y la empresa perdería competitividad.
4) ¿Esto quiere decir que las empresas explotarán a los científicos en el afán de ahorrar costos? Claro que no, por el simple hecho de que si una empresa paga salaros insuficientes, perderá capacidad de reclutamiento frente a las demás compañías. De ser así, los científicos se verán incentivados a ofrecer servicios a otra empresa que pague salarios más competitivos, o bien, trabajar en el exterior.
Hasta ahora todo parece funcionar muy bien en la teoría, pero estimamos que aún tiene algunas preguntas al respecto, o bien, ciertos cuestionamientos. Veamos a continuación algunas posibles críticas que se pueden plantear a este sistema.
3) POSIBLES PROBLEMAS DEL SECTOR PRIVADO
3.1) ¿Cómo se financiarían las investigaciones de alto riesgo?
Un argumento común en contra de la privatización total de las investigaciones en innovación y desarrollo podría resumirse de la siguiente manera: “Existen inversiones conocidas como de alto riesgo, las cuales requieren altas sumas de dinero para afrontar los costos de una investigación o desarrollar una tecnología y, por si no fuera poco, los resultados positivos son inciertos. Esto hace que las empresas no asuman tales riesgos y, por lo tanto, las inversiones en investigación sean prácticamente inexistentes. Consecuentemente, para corregir esta falla del mercado, se requeriría de la intervención del Estado que, a través de su poder de cobrar impuestos, lleve a cabo estas inversiones que no se realizarían de forma espontánea por iniciativa privada.”
Esta afirmación cuenta con algunos inconvenientes, ya que, por sobre todas las cosas, es falso que el gobierno puede corregir la supuesta falta de inversión privada invirtiendo más con fondos públicos. En primer lugar, porque mayor inversión estatal disminuiría la cantidad de inversión privada, como ya hemos visto. Entonces, en lugar de corregir el problema de “subinversión”, solo generará que la nueva cantidad invertida en ciencia y tecnología sea menor que la inicial.
En el caso opuesto, el gobierno puede expandir tanto el alcance de la producción de investigaciones que podría devenir en una sobreinversión. De ser así, los recursos no se estarían asignando eficientemente ya que, en lugar de haber subinversión, habría sobreinversión, siendo el contribuyente quien se vea obligado a financiar ese exceso.
Asimismo, aún si el gobierno invirtiera la cantidad correcta en la producción de investigaciones, eso no garantiza que la administración gubernamental sea apta y eficiente. Ya hemos expuesto anteriormente, a través de la regla de “dos uno” que la empresa privada lo es mucho más.
Hasta ahora hemos dicho que la cantidad óptima de producción no puede ser conocida de antemano por un grupo de personas, llámese especialistas o burócratas y, si así lo fuera, la eficiencia no está garantizada. Pero aún queda pendiente la pregunta de ¿cómo se financiarían las inversiones de alto riesgo?
Como norma general, está por demás probado que cada vez que existe una demanda lo suficientemente grande, el mercado, animado por la expectativa de lucro, buscará la manera de satisfacerla. Supongamos, en un hipotético caso, que hay una cantidad lo suficientemente grande de personas dispuestas a pagar por tratamiento que logre, de manera rápida y económica, el crecimiento capilar. Las empresas relativas al rubro rápidamente darán cuenta de esta demanda e intentarán, por sus propios medios, fabricar el producto perfecto que finalmente haga crecer el cabello. Un problema con el que se podrían encontrar las empresas en el proceso es que noten que los costos en materia de salarios y capital para llevar a cabo la investigación sean demasiado altos. Intuitivamente podríamos pensar: "conocido el riesgo que implican dichos gastos, ninguna empresa estaría dispuesta a afrontarlos y las investigaciones sobre el tema se verían paralizadas. Solo el Estado mediante su poder del cobro de impuestos sería capaz de financiar las investigaciones."
Déjeme decirle que la cuestión no se termina tan fácilmente, aún el mercado cuenta con trucos bajo la manga.
Una posible opción sería unificar capitales, es decir, varias empresas del rubro podrán, en forma conjunta, cooperar para reunir la suficiente cantidad de recursos y así afrontar el costo de las investigaciones. De ser exitoso el proyecto, todas percibirían un notable aumento en el número de ventas.
Otra posibilidad son las donaciones voluntarias, la caridad no debe ser subestimada en este proceso. Una gran cantidad de organizaciones a lo largo del mundo y de los años han recaudado no solo miles, sino millones de dólares a través de donaciones. No es tarea sencilla convencer a un gran número de personas a que aporten su “granito de arena”, pero si la causa es lo suficientemente convincente, sin duda se logrará. No debe suponerse que la gente solo piensa en su propio interés y que la felicidad solo se encuentra en aumentar los beneficios materiales propios, de ser así, cómo se explica los cientos de miles de dólares que reciben muchas organizaciones benéficas.
Otro punto a favor es que, para recibir mayores aportes caritativos, no solo en el presente sino también a futuro, las empresas deberán convencer a los donantes de que su dinero está siendo correctamente utilizado. Esto fomenta la transparencia y un uso eficiente de los recursos.
3.2) ¿Hay incentivos en divulgar la información obtenida?
Otro argumento en contra de la privatización de las investigaciones podría sintetizarse de la siguiente manera: “Si dejamos que el mercado se encargue de las investigaciones, entonces los resultados no serían divulgados ni aprovechados por la sociedad; por un lado, porque los científicos contratados evitarán compartir sus conclusiones para generar una mayor demanda por sus servicios y, en segundo lugar, porque los empresarios quieren los beneficios de sus inversiones para su uso exclusivo” Aquí vemos que hay dos argumentos en uno, respondamos uno a la vez.
En primer lugar, la estrategia de no divulgar los resultados para generar mayor demanda y así obtener más clientes, con toda probabilidad, no sería la más redituable para los científicos. Por el contrario, para conseguir más contrataciones, ellos querrían tener la reputación de ser competentes, altamente calificados y con un gran historial de investigaciones exitosas. Así, una buena manera de hacer notar esto a sus clientes sería compartir de manera clara las conclusiones de sus proyectos.
Por lo tanto, los resultados exitosos divulgados funcionarían como un aval para los científicos a la hora de ofrecerse como buenos candidatos dignos de ser contratados, y podrían exigir a los empresarios un precio relativamente alto por sus servicios.
Finalmente, en cuanto a la segunda cuestión, es entendible que muchos piensen que los empresarios se mostrarán reacios a compartir los resultados de las investigaciones que financian, puesto que si lo hacen se generaría lo que se conoce como externalidad positiva, esto quiere decir que si una empresa se envuelve en una investigación tendrá que asumir ella sola todos los costos, pero no podrá cosechar exclusivamente todos los beneficios, ya que estos serán aprovechados por la sociedad, lo cual generaría un desincentivo a la inversión; o bien, la otra cuestión indeseable es que la información que se obtenga de las investigaciones será retenida por los mismos empresarios y no disponible para el provecho de la sociedad.
Hay varios problemas con esta afirmación. En primer lugar, sería demasiado difícil y costoso para un empresario convencer a los científicos que contrata de que no publiquen los resultados. Ello implicaría establecer un contrato previo de no divulgación que los investigadores no estarían dispuestos a firmar, a menos que se les ofrezca una considerable cantidad de dinero que compense los costos de no firmarlo. Sin embargo, ya hemos visto que los científicos buscan publicar de manera clara sus resultados porque, de lo contrario, no podrán ofrecer sus servicios en el mercado de manera efectiva.
Esto inevitablemente nos lleva al escenario en el que los resultados son divulgados libremente. Ahora bien, ¿ello significa que se generará una externalidad positiva, que haga que los empresarios no pueden percibir el fruto exclusivo de sus inversiones en investigaciones, se vean obligados a compartir los resultados de sus iniciativas y, por lo tanto, se negaran a invertir? Claro que no. En primer lugar, hay que comprender que el principal defecto del argumento de la externalidad positiva es que casi todas las cosas (por no decir todas) son ejemplos de una externalidad. Por ejemplo, la industria de los alimentos solo produce para satisfacer la necesidad de alimentarse o saciar antojos, pero es innegable que hay una externalidad positiva en la producción de comida, porque una población alimentada es vital para el desarrollo de la economía y sociedad en general. O la industria del ferrocarril, más allá de construirse específicamente para abaratar los costes de transporte, ha generado una externalidad positiva para los pueblos y comercios contiguos a las vías, que perciben más visitas y un aumento en el valor de sus propiedades. Así, podemos dar cuenta la producción de todos los bienes y servicios se traduce en beneficios a terceros que no pagan los costos de producción. Por lo tato justificar que debemos nacionalizar cada industria que produce externalidades positivas, sería absurdo, porque todas lo hacen; y de seguir la política de nacionalización para cada caso, terminaríamos eliminando la propiedad privada por completo y concluyendo en socialismo.
3.3) ¿Cómo evitaría el sector privado la fuga de cerebros?
La fuga de cerebros claramente es un fenómeno indeseable para cualquier país. En primer lugar, porque los ciudadanos nos vemos desprovistos de todos los beneficios que implica tener a nuestro alcance personal altamente calificado como médicos, científicos, ingenieros y profesionales de todo tipo. La realidad es que la emigración de capital humano en la Argentina es un fenómeno creciente, pero, ¿a qué se debe? ¿a quiénes deberíamos culpar? ¿a los profesionales? ¿al gobierno? ¿a los países que los reciben?
La respuesta es tan simple como breve. Aquellos que desean irse del país lo hacen porque esperan tener mejores oportunidades en el extranjero, tanto en materia de salarios como en calidad de investigaciones. En un país donde la inflación alcanza un 150%, siendo de las más altas del mundo, la presión fiscal es exorbitante y los salarios reales son cada vez más bajos, es lógico que cualquier “cerebro” con sentido común vea más factible ofrecer sus servicios en el extranjero, donde serán mejor representados.
Imagine usted que ha estudiado una carrera universitaria por diez años y cuenta con dos posgrados en el extranjero, acumulando un total de casi 15 años invertidos en su propia formación. Luego, vuelve a la Argentina y se encuentra con que, si bien puede vivir cómodamente de su profesión, debe privarse de muchísimas ventajas que su nivel de estudios y formación le han proporcionado. Quizás demore más años en cambiar el auto, deba sacrificar mucho más dinero para comprar una casa, su nivel de consumo en general sea relativamente bajo en relación a lo que podría haber sido porque cada vez que hace las compras en el supermercado los precios aumentan; o si desea descansar una semana y viajar a otro país se encuentre con que el precio de los vuelos se encarece el doble debido a los impuestos obligándolo a viajar con menos frecuencia de lo que haría.
Si bien podría pensar que esta persona no se puede quejar porque realmente tiene muchísimas facilidades y un nivel de vida superior al de la gran mayoría de los argentinos, el costo de oportunidad es inmenso; es decir, lo que podría llegar a ganar y el nivel de vida que podría tener con tan solo ofrecer sus servicios en otro país serían muchas mayores. Por lo tanto, permanecer en la Argentina equivaldría a perder dinero; un dinero que podría estar ganando si trabajara en otra parte. Es lógico pensar que, si alguien invirtió 15 años de su vida estudiando muy duro, desea ver recompensado el fruto de su trabajo de la mejor manera posible.
Pero esto es apenas el punto de vista del investigador o profesional contratado, no podemos pasar por alto la visión del empresario que financia las investigaciones y los sueldos de los científicos. Aquí, la respuesta es también bastante obvia, no podemos culpar a los particulares de que pagan insuficientes salarios en un país donde la competitividad de las empresas se desploma cada año.
Pero ¿a qué se debe la caída de la competitividad de nuestras empresas? Muy sencillo, a una devaluación creciente de la moneda local causada por una de las tasas de inflación más altas del mundo; a un mercado laboral totalmente rígido y sobredimensionado de regulaciones que dificultan enormemente la contratación, donde por cada 100 pesos que gana el empleado, 165 debe pagar el empleador; sumado a una presión fiscal asfixiante. La acumulación de estos factores hace que las empresas argentinas pierdan capacidad de competir frente a las extranjeras, provocando una diferencia tan grande en cuanto a capacidad de pago de sueldos que hace que no solo los científicos, sino también un alto porcentaje de trabajadores estén dispuestos a mudarse a otro continente, a miles de kilómetros de sus familias para empezar una nueva vida en tierras desconocidas.
Por lo tanto, si anhelamos retener cerebros de manera genuina -no aumentando los impuestos y el gasto público para pagar salarios competitivos- debemos generar las condiciones para incrementar la competitividad de las empresas y estimular las inversiones. Eso se logra reduciendo el gasto público, la presión fiscal, las tasas de emisión e inflación y flexibilizando el mercado laboral mediante la eliminación de cargas y regulaciones.
CONCLUSIÓN
No nos extenderemos más de lo que ya lo hemos hecho para desarrollar una compleja conclusión que, a fin de cuentas, resultaría bastante obvia. Solo los dejaremos con una pregunta que sintetiza y clarifica todo lo anteriormente desarrollado: ¿Vale la pena continuar con un sistema que es caro, poco efectivo y lleno de adoctrinamiento solo por algún que otro caso de éxito? ¿O preferimos un sistema donde las investigaciones sean financiadas de manera voluntaria, en proyectos rentables y, sobre todo, de utilidad real y para el beneficio de toda la comunidad?
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